Las dos FARC



Desde que se firmó el acuerdo final en 2016 con las FARC, y empezando su abandono
de las armas pudo verse lo que sería uno de los factores más polémicos de la
implementación del acuerdo, que además de ser lenta y en muchos casos entorpecida
por la falta de claridad en los procesos y vías a seguir, podría tomarse como la falta de
compromiso o inconformidad por parte de algunos miembros del ex grupo armado con
el acuerdo.

Un claro ejemplo de esto es el caso de Seux Paucias Hernandez Solarte más conocido
como Jesús Santrich, quien estuvo en la cárcel aproximadamente un año por las
acusaciones de narcotráfico hechas en su contra, donde antes de pasar a manos de la
justicia ordinaria debía cumplir o sanear un proceso dentro de la Jurisdicción Especial
de Paz (JEP) quienes debían esclarecer la fecha de los hechos para determinar la
competencia y el trámite correspondiente para su situación jurídica. Proceso que logró
hacerse casi un año después de su captura, cuando se sancionó la ley estatutaria que
le da luces a la JEP sobre los límites de sus actuaciones como parte del sistema judicial
colombiano, y columna vertebral del proceso de paz; dando así las garantías judiciales
exigidas y cumpliendo el debido proceso donde por falta de pruebas no pudo
establecerse con certeza la fecha de los presuntos delitos cometidos por Santrich.

A partir de su liberación, de su posesión como representante a la cámara por el partido
FARC, y de que la Corte Suprema de Justicia asumiera la debida competencia de la
investigación en su contra, muchos sectores manifestaron su inconformidad con lo que
han llamado desde el principio un acuerdo permisivo y generoso con los desmovilizados
de las FARC, más fuertes aún después de su fuga el pasado 30 de junio cuando sin
previo aviso se separó del esquema de seguridad que lo acompañaba mientras se
encontraba en una ETCR (espacio territorial de capacitación y reincorporación) en el
Cesar. De su fuga se han generado hipótesis desde todos los frentes políticos del país,
desde una fuga por temas de seguridad, hasta su posible reunión en la frontera
venezolana con Iván Márquez y otros altos mandos de las FARC que se han apartado
del proceso.

Situación que terminó en una orden de captura emitida por la corte suprema de justicia
tras el incumplimiento a la citación para rendir indagatoria dentro del proceso
adelantado en su contra, orden que además será apoyada con la activación de una
circular roja de la INTERPOL (no la banda de rock). Además de tener pendiente
también una citación el 29 de julio en la Jurisdicción Especial de Paz, de incumplir esta
cita podría perder todos los beneficios adquiridos con el acuerdo.

Marcando así las dos caras que tiene en este momento el proceso pues están de un
lado esa gran mayoría que en la X Conferencia Nacional de la extinta FARC-EP, se
comprometieron a dejar las armas y a retomar la vida civil y que siguen vinculados al
proceso, y del otro lado aquellos que han vuelto a rearmarse y a formar parte de las
llamadas disidencias que más asemejan grupos de delincuencia común, además de
todos aquellos que están en una clase de clandestinidad pues si bien es cierto no están
armados, tampoco cumplen las citas con la justicia transicional alegando temas de
inseguridad jurídica y temas de incumplimiento por parte del gobierno.

Y esbozando además lo que podría llegar a ser un eslabón débil dentro del proceso,
pues es cierto que esté no depende de una sola persona, sin embargo estas situaciones
muestran que es necesario reafirmar el compromiso de cumplir e implementar lo
acordado no solo por parte del partido que ha rechazado y se ha separado de estos
sectores, si no también por parte del Gobierno, teniendo en cuenta que estamos
próximos al vencimiento del plazo de los 24 espacios de reincorporación que se
establecieron alrededor del país para permitirle a los ex combatientes el tránsito a la
vida civil. Es entonces necesario que para el 15 de agosto se tengan redes fuertes y
confiables para recibir a todos estos Colombianos ex-combatientes como piezas claves
de la construcción de paz, pues seguramente los retos que tiene por delante el proceso
son enormes.

A pesar de los sucesos desafortunados de las últimas semanas no podemos dejar de
reconocer el compromiso que ha asumido el partido FARC con la reivindicación de los
derechos humanos, y las luchas políticas que conllevan no solo propiciar una seguridad
jurídica sino una seguridad integral alrededor de las necesidades de “la gente del
común”. Además de su ardua lucha por respaldar y respetar lo acordado para una
transición satisfactoria hacía la paz. Luchas que como partido han enfocado en
desarrollar propuestas y proyectos de ley donde se propone un desarrollo justo y
equitativo para todos. Respondiendo a esto el primer debate citado por las FARC fue
sobre la paz, y la implementación adecuada del acuerdo, resaltando además que todas
las demoras que ha sufrido el mismo se reflejan en la perdida de vidas no solo de los
excombatientes, sino y más notoriamente de todos los lideres y lideresas asesinadas a
lo largo del último año y medio.

Además de ser uno de los únicos partidos que tiene en curso una propuesta que
abarca problemas como el de la distribución de tierras y por ende de la proyección de lo
que sería la implementación de la reforma rural integral. Y es así como logra verse que
sin importar las dificultades en la implementación hay una gran mayoría de
excombatientes comprometidos con encontrar el camino para construir una paz estable
y duradera.

En esta situación podemos concluir que Santrich merece toda la dureza de la ley pero  el Estado Colombiano y Duque a su cabeza debe cumplir, defender y respetar los acuerdos de Paz.


Diego Aretz

Investigación y análisis:

Vanesa Ramirez

Contacto:
diegoaretz1@gmail.com

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